La Orden HAC/1028/2026, publicada el 5 de octubre y en vigor desde el 6, completa el desarrollo normativo de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales en España y activa el cómputo de plazos de aplicación. El sistema, basado en la Ley 18/2022 y el RD 238/2026, exige facturas electrónicas estructuradas (EN 16931 y UBL), comunicación de estados y pagos, e interoperabilidad gratuita entre plataformas privadas y la solución pública de la AEAT. La obligación será exigible a los 12 meses para quienes facturen más de 8 millones de euros, a los 24 meses para el resto y a los 36 meses para personas físicas y entidades en atribución de rentas respecto a la información de estados y pagos.