La normativa 2026 introduce la solución pública de facturación electrónica, regulada por la Orden HAC/1028/2026, con obligaciones progresivas para empresarios y profesionales desde octubre de 2026 hasta 2029. La implementación contempla requisitos técnicos, autenticación y comunicación de estados de facturas y pagos. Las obligaciones se aplican en fases, comenzando con empresas con volumen superior a 8 millones de euros y extendiéndose a otros actores económicos en los próximos tres años.