La obligación de emitir facturas electrónicas en formato estructurado aplica a empresarios y profesionales en operaciones sujetas a IVA, IGIC o IPSI con destinatarios en España, siempre que se realicen en el desarrollo de su actividad. No es obligatorio para facturas simplificadas, operaciones con consumidores particulares, transacciones internacionales no establecidas en España, ni en casos autorizados o excluidos por normativa. La normativa busca facilitar la gestión y control fiscal en las operaciones B2B dentro del territorio español.