La normativa busca reducir la morosidad y mejorar la financiación de pymes mediante la obligatoriedad de facturación electrónica entre empresas y profesionales en España. Además, fomenta la digitalización empresarial para reducir costes y facilitar la gestión administrativa, sin modificar las obligaciones fiscales existentes. La medida también refuerza la lucha contra el fraude y no afecta operaciones que no requieran facturación según la ley.