El Real Decreto-ley 26/2026 introduce medidas fiscales para promover la vivienda social, incluyendo la reducción del 100% en rendimientos netos de capital inmobiliario en ciertos casos, una deducción del 10% por alquiler en bases imponibles inferiores a 33.007,20 euros, y una exención en ganancias patrimoniales por transmisión a entes públicos dedicados a vivienda social.